Diferentes voces, incluyendo el oficialismo, están expresando que es necesario aumentar los impuestos progresivos o gravar más a quienes generan mayores ingresos. Un análisis detenido revela que el diseño de los impuestos progresivos, aunque pudiera parecer bien intencionado, genera efectos no deseados sobre la economía en su conjunto. En particular, estos impuestos tienden a recaer de manera desproporcionada sobre las actividades que impulsan el crecimiento: el ahorro y la inversión y, en consecuencia, reducen los incrementos en productividad. Por consiguiente, esta dinámica no solo afecta a los contribuyentes de mayores ingresos, sino que repercute en la sociedad entera, limitando oportunidades para el grupo que más se perjudica, los trabajadores.
Para entender este fenómeno, conviene partir de principios básicos de economía. La progresividad impositiva implica que las tasas marginales aumentan a medida que lo hacen los ingresos, lo que en teoría busca redistribuir recursos hacia quienes menos tienen. O, simplemente, que quienes más producen, más impuestos paguen. En la práctica, sin embargo, este mecanismo desincentiva el esfuerzo adicional para generar riqueza y bienestar para la sociedad. Quienes invierten en nuevos proyectos —ya sea un empresario expandiendo su negocio o un profesional ahorrando para innovar— enfrentan una penalización. Los impuestos “a los ricos”, en consecuencia, se convierten en una multa al progreso.
En República Dominicana, donde la inversión privada, la que proviene de los miembros de la sociedad civil en su sentido más estricto, es la clave para el desarrollo, los impuestos progresivos frenan la productividad. En economía existe lo que se ve y lo que no se ve. Cuando no se profundiza, o urge la prisa en recaudar, no se observan las consecuencias de las acciones secundarias de este tipo de política tributaria. Lo que no se ve, lo que no es tan fácil de observar, tiene efectos importantes para la economía.
Por ejemplo, la doble tributación, es decir, gravar las ganancias y luego los dividendos de los accionistas, produce un efecto sobre la creación de empleos y la modernización de sectores productivos. Se ven ganancias. Sin embargo, lo que no se observan son los mayores procesos productivos, la mayor cantidad de empleados que podrían contratarse y los mayores bienes y servicios que podrían producirse, cuando esas ganancias se transforman en nuevas inversiones.
En República Dominicana las empresas tributan al 27 %, una de las tasas más altas del mundo. Cuando se aplica la doble tributación, es decir, el impuesto a los dividendos, quienes arriesgan sus inversiones para producir y contratar personal, experimentan una tasa de 37 %. Ese 10 % adicional, contribuye a sabotear el progreso de los habitantes de República Dominicana.
No nos engañemos. En la medida en que aumenta el régimen de incertidumbre tributaria, como en efecto ha venido aumentando en meses recientes, las inversiones se ralentizan. La economía crece menos. Incluso, los capitales buscan alternativas en los regímenes que mantienen exenciones o, incluso, se pueden ir a otras jurisdicciones.
Como consecuencia, la tributación disminuye. Las aparentemente buenas intenciones de gravar a quien más aporta a la sociedad resultan, en términos relativos, en menos impuestos que los que se recaudarían sin esos esquemas. En los países donde se ha introducido un impuesto al patrimonio, un impuesto a la riqueza de quienes más tienen, se han producido salidas de capitales y disminución de la productividad. Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, y Suecia eliminaron esos impuestos por las consecuencias perjudiciales a la economía.
Es preciso insistir. El perjuicio de impuestos progresivos no se limita a los altos ingresos; afecta a todos los grupos, incluyendo a los de estratos de ingresos más bajos. Los ahorros acumulados por personas productivas suelen destinarse a financiar empresas que contratan mano de obra y ofrecen productos accesibles. Al gravar los ingresos, se ahorra menos. Al gravar las ganancias y los dividendos, también disminuye el ahorro en la sociedad. Con menos ahorro, se reduce el flujo de capital hacia la economía real, lo que eleva costos para los consumidores y limita ascensos salariales para los trabajadores. En un país como el nuestro, con una informalidad laboral que supera el 54 %, ese círculo vicioso afecta la movilidad socioeconómica: menos inversión significa menos formalización y menos protección social efectiva.
En República Dominicana, el debate sobre la reforma tributaria pendiente ofrece una oportunidad para corregir el curso. En lugar de endurecer la progresividad, urge una transformación integral: bajar tasas marginales, ampliar la base imponible para incluir más contribuyentes, simplificar los procesos de tributación y detener el otorgamiento de nuevas exenciones.
Un sistema donde el éxito en servir al consumidor se vea premiado, no penalizado, resulta en más procesos productivos de mayor valor agregado, tecnología más accesible, más empleos productivos y mayores salarios reales.
Las preguntas que hay que hacerse son: ¿Queremos un sistema que castigue el mérito de los emprendedores y profesionales independientes o uno que multiplique el bienestar material que ellos aportan a la sociedad? ¿Es ético penalizar el ahorro, asumir riesgos para beneficiar a otros y contratar a más trabajadores en la formalidad? Las respuestas definirán no solo nuestro presente, sino el futuro próspero que merecemos.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).
Fuente: diariolibre.com